14 Abr El abuso de poder en la Iglesia: la herida menos visible y más normalizada

Durante años, en la Iglesia católica se habló de los abusos como si el problema estuviera limitado a casos extremos, personas concretas y conductas escandalosas fáciles de condenar. Pero esa lectura ya no basta. Es incompleta. Y a estas alturas, resulta intelectualmente deshonesta.

El abuso de poder en la Iglesia no es solo el contexto que a veces precede al abuso sexual. Es un problema en sí mismo. Tiene lógica propia, mecanismos propios y víctimas propias. Y en la vida religiosa femenina ha encontrado, demasiadas veces, un terreno especialmente favorable: estructuras cerradas, obediencias mal entendidas, dependencia institucional, idealización del sacrificio y una arraigada costumbre de callar para “no hacer daño a la Iglesia”.

Ese silencio ha hecho mucho daño. No a la imagen de la Iglesia, sino a las personas.

Empecemos por decirlo sin rodeos: el abuso de poder no consiste solo en “mandar demasiado”. Consiste en usar la autoridad para controlar, someter, intimidar, manipular o anular a otra persona. En el ámbito eclesial, además, adopta una forma especialmente grave, porque el poder no se reviste solo de cargo, sino de legitimidad espiritual. Quien abusa no se presenta simplemente como superior o responsable. Se presenta, explícita o implícitamente, como mediación de la voluntad de Dios. Y eso multiplica el daño.

Por eso muchas víctimas tardan años en identificar lo que han vivido. No lo nombran como abuso. Lo leen como prueba, cruz, exigencia vocacional, corrección necesaria o llamada a la humildad. Ahí está una de las trampas más perversas del sistema: la violencia se disfraza de virtud, y la resistencia se hace pasar por falta de fe.

En la vida religiosa femenina este mecanismo ha sido particularmente eficaz. No porque todas las comunidades sean abusivas. No porque toda autoridad sea opresiva. Sino porque las religiosas han ocupado históricamente una posición eclesial frágil: mucha responsabilidad real, poco poder reconocido; mucho trabajo, poca voz; mucha disponibilidad exigida, poca capacidad efectiva de corregir abusos cuando estos se producen.

Han sostenido escuelas, hospitales, obras sociales, misiones, catequesis, acompañamiento espiritual y vida comunitaria. Han sido columna vertebral de la vida eclesial en innumerables lugares. Pero eso no ha ido acompañado, ni de lejos, de una estructura equivalente de reconocimiento, protección y autoridad. Y ahí está una parte del problema.

Cuando una institución acostumbra a pedir entrega ilimitada a personas que dependen de ella espiritual, económica y comunitariamente, el riesgo de abuso aumenta. Cuando, además, esa entrega se presenta como signo de santidad, el riesgo se normaliza. Y cuando denunciar implica ser vista como conflictiva, desobediente, poco espiritual o desagradecida, el abuso deja de ser una anomalía y empieza a parecer parte del paisaje.

Ese es el punto incómodo: en algunos contextos eclesiales, y de manera particular en ciertos entornos de vida religiosa femenina, el abuso de poder no ha sido solo una desviación del sistema. Ha funcionado como parte del sistema.

A veces de forma brutal. A veces de forma fina. A veces con gritos. A veces con sonrisas piadosas. A veces mediante órdenes arbitrarias. A veces mediante maniobras mucho más difíciles de demostrar: aislamiento, desautorización, culpabilización, destinos impuestos sin diálogo real, vigilancia emocional, infantilización, manipulación del acompañamiento espiritual, uso disciplinario de la obediencia, descrédito interno, castigos encubiertos, silencios calculados.

Nada de eso suele dejar titulares. Pero deja desgaste, miedo, ansiedad, desorientación, deterioro psíquico y, no pocas veces, una crisis profunda de fe. Porque cuando el poder se ejerce en nombre de Dios, la herida no afecta solo a la autoestima o a la salud mental. Afecta también a la conciencia, a la experiencia espiritual y a la imagen misma de Dios.

Y aquí conviene cortar otra coartada habitual: no, no todo esto se arregla apelando genéricamente a la caridad o a la comunión. La comunión no puede ser una mordaza elegante. La caridad no consiste en soportar lo insoportable sin nombrarlo. La obediencia religiosa no equivale a la supresión del juicio personal. Y el discernimiento no puede convertirse en una técnica piadosa para que siempre gane quien manda.

Si una religiosa no puede expresar una objeción sin ser leída como soberbia, si no puede pedir explicaciones sin ser sospechosa, si no puede poner límites sin ser acusada de falta de espíritu, entonces no estamos ante un problema de sensibilidad interpersonal. Estamos ante un régimen de poder enfermo.

También hay que decir otra verdad: este abuso no procede solo de varones. En la vida religiosa femenina puede ser ejercido por superioras, formadoras y responsables dentro de las propias comunidades. Sería absurdo negarlo. Las mujeres no quedan inmunizadas contra las lógicas de dominación por el hecho de ser mujeres. Pero sería igual de absurdo ignorar que todo esto ocurre dentro de una Iglesia donde el poder estructural, doctrinal y jurídico ha estado configurado durante siglos en clave marcadamente masculina. Ambas cosas son verdad. Y simplificar cualquiera de las dos falsea el diagnóstico.

El problema, por tanto, no es solo moral. Es también cultural e institucional. Tiene que ver con una determinada forma de entender la autoridad, la obediencia, la corrección, el carisma, el gobierno y hasta la santidad. Tiene que ver con lenguajes religiosos que, usados sin control, pueden servir para madurar a una persona o para domesticarla. Tiene que ver con estructuras en las que no siempre existen contrapesos reales, procedimientos transparentes ni canales seguros para denunciar sin quedar expuesta.

La Iglesia habla hoy de sinodalidad, escucha, corresponsabilidad y dignidad bautismal. Bien. Pero esas palabras se volverán retórica vacía si no entran de lleno en este terreno. No habrá credibilidad eclesial mientras se condenen los abusos en teoría y se sigan tolerando en la práctica estilos de gobierno que humillan, infantilizan o aplastan. No habrá renovación seria mientras muchas religiosas sepan, por experiencia, que decir la verdad puede salirles demasiado caro.

Lo más preocupante no es solo que haya habido abuso de poder. Lo más preocupante es lo fácil que ha sido banalizarlo. Reducirlo a “conflictos de carácter”. Tratarlo como un malentendido comunitario. Espiritualizarlo. Privatizarlo. Resolverlo con cambios de destino, silencios prudentes o recomendaciones de paciencia. Ese tratamiento no corrige el abuso: lo recicla.

Y no, denunciar esto no es atacar a la Iglesia. Atacar a la Iglesia es permitir que estas dinámicas continúen mientras se protege la fachada. Atacar a la Iglesia es exigir heroicidad a las víctimas y comprensión a los responsables. Atacar a la Iglesia es seguir confundiendo autoridad con inmunidad.

La pregunta no es si este problema existe. Existe. La pregunta es si la Iglesia está dispuesta a llegar hasta el fondo de sus implicaciones. Eso exige más que documentos bien redactados. Exige revisar prácticas concretas: separación clara entre acompañamiento espiritual y gobierno, límites reales al poder de superiores y superioras, formación rigurosa sobre abuso espiritual y de conciencia, protocolos eficaces, instancias independientes, protección de denunciantes y una pedagogía de la obediencia que no destruya la libertad adulta.

Y en el caso de la vida religiosa femenina, exige algo adicional: escuchar a las religiosas no como ejecutoras fieles ni como símbolo edificante, sino como sujetos con palabra propia, experiencia crítica y autoridad moral para describir lo que no funciona. Si la Iglesia sigue sin tomarse en serio lo que las mujeres consagradas han vivido, han sufrido y han callado, no estará reformándose. Estará administrando su negación.

El criterio evangélico aquí es bastante simple. Una autoridad cristiana no debería producir miedo servil, dependencia enfermiza ni silencios obligados. Debería generar verdad, libertad interior, responsabilidad y confianza limpia. Cuando ocurre lo contrario, no estamos ante un exceso corregible de celo. Estamos ante una perversión del poder religioso.

Ese es el problema. Y ya no se puede seguir llamando de otra manera.